Recurso contra un acto de adjudicación dictado bajo la vigencia del TRLCAP

Entrada original publicada en www.jaimepintos.com/noticias-blog/
Recurso contra un acto de adjudicación | Jaime Pintos Santiago

Recurso contra un acto de adjudicación dictado bajo la vigencia del TRLCAP

¿Es posible la interposición del recurso contra un acto de adjudicación dictado bajo la vigencia del TRLCAP? Curiosa pregunta ¿verdad?

Pues bien, desgranamos en esta entrada la más que interesante Resolución nº 485/2020, de 2 de abril del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).

LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO CONTRA UN ACTO DE ADJUDICACIÓN DICTADO BAJO LA VIGENCIA DEL TRLCAP

El TACRC dicta esta interesante Resolución  en la que admite a trámite la interposición del recurso contra un acto de adjudicación dictado bajo la vigencia del TRLCAP –Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas–.

Antes de entrar en la cuestión de fondo, conviene destacar que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las Directivas han conducido a una profunda transformación del Derecho nacional de la Contratación Pública.  En este sentido, con la finalidad de incorporar las normas de derecho comunitario derivado, la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP 2007), articuló un nuevo recurso administrativo especial en materia de contratación, transponiendo la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras.

No obstante, sería la Ley 34/2010, de 5 de agosto,  de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras, la que diseñaría el recurso en términos similares a como hoy en día se configura.

De ahí, que para la defensa de sus derechos e intereses legítimos, el licitador no pudiese acudir a la interposición del recurso contra un acto de adjudicación bajo la vigencia del TRLCAP, debiendo esperar a la aprobación de la normativa reseñada.

Como se ha anticipado, la cuestión analizada por el TACRC en la Resolución nº 485/2020 despierta especial interés dado que la interposición del recurso contra un acto de adjudicación bajo la vigencia del TRLCAP no era una opción contemplada por el ordenamiento jurídico nacional. Todo ello, en la medida que esta última norma no establecía un régimen de recursos diferenciado del común a los actos administrativos contenido en la, entonces vigente, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Como es sabido, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP 2017) modifica en forma sustancial la regulación del recurso especial en materia de contratación que -en consonancia con su desaparición como modalidad contractual y su sustitución, ya por la concesión de servicio, ya por el contrato de servicios, según proceda-, no hace referencia al contrato de gestión de servicio público.

Al mismo tiempo, regula de manera similar a sus normas predecesoras, el régimen transitorio aplicable en cinco disposiciones diferentes; destacando, la Disposición Transitoria Primera de la LCSP 2017, dedicada a los “expedientes iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley”,  que en lo que aquí interesa, determina:

“1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos negociados sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos.

4. Las revisiones de oficio y los procedimientos de recurso iniciados al amparo de los artículos 34 y 40, respectivamente, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, seguirán tramitándose hasta su resolución con arreglo al mismo”

DOCTRINA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO PREVISTO EN LA LCSP 2017

El TACRC, antes de entrar en el fondo de la cuestión examinada en la Resolución nº 485/2020, analiza si procede el recurso especial en materia de contratación interpuesto contra un acto de adjudicación dictado bajo la vigencia del TRLCAP, argumentando su competencia para conocer del mismo.

A su vez, expone de manera sintetizada la doctrina sentada en su Resolución nº437/2018, de 27 de abril, en la que interpreta los apartados 1º y 4º de la Disposición Transitoria Primera de la LCSP 2017.

Afirma, en este sentido, que:

“se aplica la Transitoria Primera.1, de la Ley 9/2017 para determinar los contratos susceptibles de recurso, que serán en los expedientes iniciados con anterioridad, los del TRLCSP, artículo 40.1. Y se aplicará la Transitoria Primera,4, párrafo segundo, para la determinación de los concretos actos susceptibles de recurso en expedientes iniciados con anterioridad, pero dictados después de la vigencia de dicha Ley, actos que son los del artículo 44.2 de la Ley 9/2017” y concluye de manera acertada que “esta doctrina, aplicable a los actos producidos en expedientes iniciados al amparo del TRLCSP con posterioridad a la entrada en vigor de la LCSP, es igualmente aplicable a los que se rigen por la legislación anterior al TRLCSP, ya sea la antigua LCSP en su primitiva redacción o, como en el caso que nos ocupa, el TRLCAP”

A nuestro parecer, el quid de la cuestión objeto de análisis, se centra en dos consideraciones:

  1. El recurso especial en materia de contratación no se configura como un instrumento de impugnación radicalmente distinto del recurso administrativo de reposición al que sustituye; de modo que entre el régimen de recursos previstos en el TRLCAP, el recurso especial en materia de contratación previsto originalmente en la antigua LCSP 2007, y los previstos en la LCSP 2007 a partir de la Ley 34/2010, el TRLCSP y la vigente LCSP 2017, no hay solución de continuidad.
  2. La dicción literal de las disposiciones transitorias tercera, apartado 2, de la Ley 34/2010 y octava, apartado 2, del TRLCSP, refuerzan la posición defendida por el TACRC, al referirse expresamente a “los expedientes de contratación iniciados antes” de la entrada en vigor de la Ley 34/2010, sin distinguir entre el TRLCSP y las leyes contractuales anteriores, y de la disposición transitoria primera, apartados 4, segundo párrafo, de la LCSP 2017, que tampoco establece dicha distinción.

Reflexión final

La configuración actual del recurso especial en materia de contratación trae causa en la modificación operada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, que incorpora a nuestro Derecho las normas de la Directiva 2007/66/CE, procediendo a su aplicación en el sentido expresado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su Sentencia condenatoria de 3 de abril de 2008 en el asunto C444/06, Comisión contra el Reino de España y ejecutando la misma.

Conviene recordar, que a partir del 9 de septiembre de 2010, momento de entrada en vigor de la Ley 34/2010, se implanta una nueva regulación del recurso especial en materia de contratación adaptada al derecho comunitario, exigiendo la norma que este recurso sea resuelto por un órgano independiente.

Si bien es cierto, que en aquel momento, la reforma continúa limitando el recurso especial en materia de contratación a los actos que se dicten en el seno de los procedimientos de los contratos sujetos a regulación armonizada que celebren los poderes adjudicadores, también se admite la interposición en los contratos de gestión de servicios públicos en los que el presupuesto de gastos de primer establecimiento, excluido el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, sea superior a 500.000 euros y el plazo de duración superior a cinco años; supuesto este último en el que tiene encaje la impugnación de la adjudicación del contrato que  ahora se analiza.

De ahí, que la solución aportada por el TACRC permita:

“dotar de plena eficacia a la Directiva del Consejo 89/665/CEE, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, modificada por las Directivas 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, y 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, al atribuir la resolución a un órgano independiente la resolución del recurso y dar al recurso contra el acto de adjudicación efecto suspensivo”

A tenor de lo referido, cabe destacar que el TACRC admite la interposición del recurso contra un acto de adjudicación bajo la vigencia del TRLCAP. Doctrina de gran repercusión, ya que permitirá apreciar la posibilidad de interponer un recurso especial contra la adjudicación de un contrato cuando inicialmente dicha posibilidad ni tan siquiera se había planteado.

Cualquier otra interpretación, a nuestro entender, hubiese menoscabado el derecho del  licitador a que las presuntas infracciones del procedimiento de contratación pudieran ser revisadas y declaradas por una autoridad independiente del órgano de contratación; privándolo, en consecuencia, de la posibilidad de acceder a un  procedimiento ágil y rápido con efecto suspensivo en el que pudiera obtener  una resolución eficaz para la protección de sus derechos e intereses legítimos.

Roberto Carrodeguas Méndez

Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

 

Anagrama de Jaime Pintos Santiago

Este artículo es un contenido original de — Jaime Pintos Santiago —

Sin comentarios | Leído 24 veces
Puedes saltar al final y dejar una respuesta. Hacer ping no est? permitido.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *