CONCLUSIONES AL PANEL CICP’18: LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA, AHORA OBLIGATORIA

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Los pasados días 18 y 19 de enero se celebró en Cuenca un año más y ya van siete, el CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA 2018. Como siempre el ambiente y el trato dispensado por la organización fue magnífico, eso es bajo mi punto de vista lo que hace especial a este Congreso, uno se siente como en su casa.

Este año he moderado una mesa, la mesa… o eso creo. Son muchos los cambios que tre la nueva norma, procedimentales, de tipos contractuales… de todo tipo, pero uno es también el cambio: la contratación pública electrónica constituye el verdadero cambio de modelo, de sistema, de organización y de forma de contratación, es la nueva revolución de la Ley que está por llegar, más pronto que tarde y, en todo caso, para quedarse…. Las generaciones venideras son nativos digitales.

Esbozaré lo que a mí modo de ver fueron las conclusiones a todas la cuestiones que les planteé a los panelistas, panelistas que sólo eran conocedores de las preguntas, pero no de las opiniones y respuestas de sus contertulios y conclusiones que también hice in situ al finalizar el propio panel.

Expondré muy, muy brevemente –fue una hora y cuarenta y cinco minutos hablando sin parar-, gracias a Isaac Martín Delgado, a Marta Alba Pachecho y a Guillermo Yañez, con la humilde participación de quién escribe pudimos llegar casí al unísono a las siguientes conclusiones.

 

  1. ¿Es la contratación pública electrónica obligatoria?

SI

En caso de serlo, ¿desde cuándo? En todo caso, desde el 9 de marzo de 2018, si bien los panelistas explicaban que ya hay efectos aplicables desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015 para muchas cuestiones referidas a la administración electrónica. Comparto como ya he dicho esa visión, pero no la capacidad que la Ley 39/2015 podía otorgar para una contratación pública electrónica de principio a fin, dicho lo cual este ya es un debate valdío. Quedó claro que la nueva LCSP 2017 obliga indefectiblemente desde el próximo día 9 de marzo de 2018.

  1. ¿La contratación pública electrónica alcanza a la necesidad de utilizar medios exclusivamente electrónicos en relación con las notificaciones y comunicaciones?

Sí, rotundo, por unanimidad.

¿En caso afirmativo, es entonces válida la simple utilización del correo electrónico a estos efectos?

Si bien el correo electrónico puede ser un medio válido en determinadas circunstancias para notificar determinados actos, sobre todo si el notificado se da por enterado, quedó patente la gran cantidad de problemas que plantea, la necesidad de una respuesta fehaciente y expresa por el notificado de acceso al contenido y la validez de este medio para cubrir todas las obligaciones que la nueva ley requiere respecto de la protección de datos, seguridad de la información, custodia, sello de tiempo, etc.

¿Cabe la notificación por comparecencia en los términos señalados en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de PACAP?

Marta Alba expuso su experiencia y quedó patente la posibilidad de utilizar esta fórmula tal y como la prevé la LPACAP, como algo espontáneo y excepcional y no como medio para eludir la obligatoriedad de las notificaciones por medios electrónicos.

¿Qué ocurre con la publicación de la información, esto es, las obligaciones al respecto en el perfil de contratante y de transparencia? ¿Cómo las articulamos?

Se planteo por Guillermo Yañez la eterna disyuntiva que todo órgano de contratación sufre como consecuencia de la falta de interoperabilidad que obliga a “picar” los mismos datos en hasta media docena de aplicativos o comunicarlos a distintos órganos, pero se concluyó que ello no es óbice para la necesidad de cumplir con las obligaciones que las normas nos imponen, perfil de contratante, transparencia, Tribunal de Cuentas, artículo 328.4 LCSP 2017, etc.

  1. ¿La contratación pública electrónica alcanza a la obligatoriedad de presentar las ofertas y solicitudes de participación utilizando medios electrónicos?

Sí, teniendo en cuenta las cuatros excepciones que plantea la Ley que son las mismas que planteaba la Directiva clásica. En este punto hubo unanimidad.

¿Y por qué la Ley utiliza entonces en repetidas ocasiones la expresión “en sobre o archivo electrónico”?

Se habló de miedo del legislador, de error, pero realmente la tesis más seguida y jurídicamente razonable es que la Ley tiene forzosamente que hacer referencia a sobres y archivos electrónicos en equivalencia por cuanto plantea cuatro excepcionales casos en los que se puede utilizar la contratación en papel, lo que obliga a contemplar en el tenor literal de la Ley la posibilidad de usar los sobres, para estos casos tasados y concretos.

  1. ¿Estas obligaciones lo son para todos los procedimientos de contratación y para todos los tipos contractuales o no?

La mesa concluyó que así es, por unanimidad

¿También para los contratos menores?

SÍ, por unanimidad, la Ley no los excepciona, no tenemos sustento pues para hacerlo.

  1. ¿Cabe la posibilidad de exigir la utilización de la contratación pública electrónica a los licitadores que sean personas físicas?

También por unanimidad se concluyó que sí y es que efectivamente la Ley no hace excepción alguna y no cabe aplicar la subsidiariedad de la Ley 39/2015 al caso, dado que es algo que sí aparece regulado en la LCSP al no excepcionarlos. Otra cosa ciertamente no tendría sentido.

A todos estos efectos ¿creéis que podemos obligar a todos los licitadores a inscribirse en el ROLECE o similar?

La disposición adicional 15 habilita esta posibilidad y Guillermo Yañez la cree especialmente útil para lograr la implantación eficaz de la contratación pública electrónica, puso como ejemplo al caso del País Vasco y los resultados que le dio. En mi opinión es una herramienta que debe ser utilizada si bien hay que tener en cuenta la vacatio legis que recoge la Ley -10 meses- para esta obligación, a partir de ahí, creo que es idóneo y hasta necesaria.

  1. Para el caso de exigirse una contratación pública electrónica y obligatoria ¿Creéis que llegará el caso en que se produzca la nulidad o anulabilidad de un procedimiento por no haberse puesto en práctica de manera correcta las obligaciones que la Ley y el resto del ordenamiento establecen al respecto de la contratación pública electrónica?

Nuevamente el SÍ unánime fue aplastante y todos coincidimos que esta será una herramienta más para recurrir los procedimientos y que los pronunciamientos se producirán más pronto que tarde.

 

Lo dicho, una auténtica mesa de debate, dinámica, abierta, con multitud de cuestiones, exhaustiva como algunos la calificaron, amena, por momentos difícil, pero sobre todo distinta, valiente y exitosa, gracias a la predisposición y profesionalidad de los panelistas: Isaac Martín Delgado, Marta Alba Pacheco y Guillermo Yañez Sánchez, citados por el orden en que aparecían en el programa.

¡Gracias a todos/as!

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